¿ACASO NO FUE SUFICIENTE LA CATÁSTROFE DE 2024?… BOLIVIA ARDE NUEVAMENTE.
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En medio de una campaña electoral para la segunda vuelta hacia la presidencia, la indiferencia hacia la crisis ambiental resulta alarmante. Nuestra biodiversidad queda fuera de agenda mientras los bosques continúan ardiendo. Los incendios que arrasan millones de hectáreas y la deforestación que convierte bosques en monocultivos, desplazando a pueblos indígenas, poniendo en riesgo sus medios de vida y destruyendo la biodiversidad, parecen no existir en el debate y agenda política.
Los partidos prefieren mirar hacia otro lado, como si la catástrofe ambiental hubiese ocurrido hace décadas y no apenas el año pasado. Lo ambiental es tan prioritario como lo económico, lo político y el desarrollo, pero en el discurso de los candidatos no se refleja esa urgencia. Los millones de hectáreas quemadas se reducen a un titular pasajero o a la oportunidad de tomar un micrófono, pero ¿dónde están las propuestas que aborden las raíces del problema?
El desarrollo no puede construirse a costa de los recursos naturales; debe sostenerse en equilibrio con ellos. ¿Acaso no se comprende que la vida misma depende de las funciones que cumplen nuestros ecosistemas?
2024 en llamas y con mas de 12 millones de hectáreas afectadas.
El 2024 quedará en la memoria como el año de la mayor catástrofe ambiental en Bolivia. Más de 12 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales, de las cuales un 60% correspondía a bosques primarios. Durante más de seis meses el país estuvo bajo emergencia: bomberos, guardaparques, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, dependientes del Estado, gobiernos locales y departamentales lucharon incansablemente contra las llamas. La tragedia alcanzó a las grandes ciudades: en Santa Cruz y Beni la contaminación del aire obligó a suspender actividades al aire libre y a recomendar a la población que permaneciera en sus casas para evitar daños en la salud.
Ese 2024 de llantos, llamas y desesperación dio paso a un 2025 en el que parece que se olvidaron los malos momentos. Hoy, la agenda de prevención se sostiene principalmente gracias a los esfuerzos de organizaciones civiles, guardaparques y comunidades locales. El Estado, en cambio, sigue mostrando debilidad: poca inversión real en territorio, municipios sin presupuesto para acciones preventivas y recursos limitados para atender emergencias. A esto se suma una agenda pública marcada por campañas políticas y conflictos sociales que relegan el tema ambiental a un segundo plano.
El Ministerio de Medio Ambiente difundió un Plan de Acción de Prevención de Incendios Forestales. Sin embargo, esta iniciativa llegó tarde: mientras en las ciudades se presentaba el documento, ya se registraban focos de calor en sitios de alta recurrencia y alto valor ecológico. La realidad en el terreno muestra otra cara; caminos en mal estado, falta de combustible, escasos recursos económicos y una burocracia administrativa que retrasa la reacción de instituciones como el VIDECI y el CCREA, pese a que cuentan con medios aéreos que podrían hacer la diferencia.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Bosques (SIMB) reportó esta semana 917 focos de calor activos. Muchos de ellos se encuentran en áreas protegidas de alto valor ecológico.
Áreas protegidas bajo fuego
En menos de dos meses, la Reserva de Sama en Tarija ha sufrido dos incendios que dejaron más de 6.000 hectáreas afectadas. En Santa Cruz, la situación es aún más crítica: siete incendios están activos, con una afectación que supera las 88.000 hectáreas. Más del 70% de ese daño corresponde al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que lleva más de un mes en llamas. En este sitio, la complejidad geográfica obliga a un ataque principalmente aéreo, pero los recursos son limitados y solo es esperar las añoradas lluvias.
En el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, una de las zonas más afectadas en 2024, los incendios se reactivaron en sitios como Rincón del Tigre y Santo Corazón, con escaso personal y sin condiciones logísticas apropiadas, el fuego se propaga conforme pasan los días y las necesidades se incrementan.
La situación en el ACIE Ñembi Guasu no es menos grave. El 31 de agosto, una quema no autorizada se convirtió en un incendio que avanzó rápidamente hacia el interior del área protegida indígena. El 3 de septiembre el fuego se reactivó con fuerza, afectando ya más de 1.200 hectáreas. Hoy, unas 150 personas entre guardianes del monte, comunidades locales, organizaciones como NATIVA y FAN, y el Gobierno Autónomo Indígena Charagua Iyambae combaten las llamas día y noche, pero sin el respaldo logístico ni financiero suficiente del Estado y es ahí donde toma valor el esfuerzo de las ONG´s, voluntarios y la sociedad en general, quienes ponen a disposición lo que tienen en sus posibilidades dando más fuerzas a los héroes que llevan varios días luchando contra el fuego.
Lo que la política no quiere ver
Mientras tanto, los candidatos a la presidencia evitan pronunciarse sobre la crisis ambiental. Ninguno de los programas de gobierno plantea soluciones claras para enfrentar los incendios, frenar la deforestación o garantizar la protección de áreas naturales.
La paradoja es evidente: los incendios destruyen bosques que regulan el agua y el clima, afectan la salud de millones de personas y golpean directamente a la economía productiva del país. Aun así, se sigue actuando como si la crisis ecológica fuera un tema secundario.
Bolivia parece vivir atrapada entre la memoria de un 2024 devastador y el olvido que domina el 2025. La naturaleza sigue ardiendo, las comunidades siguen luchando y la sociedad civil sigue asumiendo responsabilidades que deberían ser del Estado. Pero mientras no exista una política seria, un escarmiento para las personas que queman, acciones de Manejo Integral del Fuego con recursos destinados en territorio, voluntad y visión de futuro, seguiremos repitiendo la misma historia: un país que mira hacia otro lado mientras el fuego consume su casa grande.
