UN GRAN REFUGIO LLAMADO ÑEMBI GUASU

El 9 de mayo de 2019 el gobierno de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae adoptó la Ley Nro. 039/2019 con la que otorgó protección legal a una parte de su territorio ancestral llamado Ñembi Guasu, reconocido como Área de Conservación e Interés Ecológico en una superficie de 1.207.850 ha. Ubicado en el Chaco septentrional, se trata de una zona que conecta los parques nacionales Otuquis y Kaa-Iya, viniendo de Este a Oeste, así como el Parque Tucavaca y, a través de este, el AMNI San Matías (Pantanal), de sur a norte. En efecto, tiene la importante función ambiental de articular los diferentes cursos de agua que descienden de las serranías del Bosque Seco Chiquitano y que escurren hacia los bañados del Otuquis y el río Paraguay. Los bosques que predominan aquí son con predominancia el abayoy (matorrales esclerófilos), que forman parte de los campos y sabanas del cerrado de Bolivia, Por otro lado, convergen aquí tres Ecorregiones: Gran Chaco, Cerrado y Sabanas Inundables.[1] Es también el Ñembi Guasu un gran refugio de aves -la coronada negra en peligro de extinción habita estos parajes- así como del Jaguar, el felino más grande de América del Sur.

Empleamos la categoría de “refugio” debido también a las múltiples amenazas a las que está expuesto, en términos sociales y ambientales. La baja presencia humana hacía que el estado ambiental de este gran ecosistema se mantenga en excelentes condiciones. Sin embargo, en 2019 los incendios registrados entre agosto y noviembre generaron afectaciones gravísimas.

Según los datos que pudo relevar el CPTA CEJIS-ORÉ, de las 7.095.367 ha que representa la jurisdicción de la AIOC, fueron a fuego 589.523 ha, es decir un 8,3% del total. (ver cuadro infra). Los territorios más afectados dentro de la jurisdicción fueron en el Ñembi Guasu, el Área de Priorización para los ayoreos en aislamiento voluntario (D.S. 1286/12).

Se estima que más de medio millón de hectáreas de hectáreas se quemaron con grados altos, medios y bajos en la jurisdicción de la AIOC Charagua Iyambae, que representan un 8.3% del total de su superficie. En el Ñembi Guasu de las 589.523 ha. afectadas 471.628 se registraron en este territorio, que representa casi un 40% de su extensión total.

Pero el Ñembi Guasu fue por sobre todo territorio de indígenas chaqueños que deambularon libres hasta que el Estado llegó con sus vacas, sus alambradas y sus armas para arrebatárselos. La llanura chaqueña fue el hogar donde escaparon los chané, chorotes y otros pueblos que resistieron a las relaciones de esclavitud que les proponían los chiriguanos, pese a que en el caso chané sucumbieron convirtiéndose en tapii (esclavos) de éstos, encontrando refugio en el Isoso. Es por tanto el Ñembi Guasu un territorio re-apropiado en términos de memoria larga, de reconducción a la vida “bárbara”, cuando arreciaba la persecución y la muerte.

Cuando parte la Marcha Indígena “Por la Tierra, el Territorio, los Recursos Naturales, el Desarrollo y la Participación Política”, en agosto de 1996[2], el pueblo guaraní demanda la titulación de 19 territorios como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), por una extensión de 10.380.954 ha.[3] Dentro de éstas, se demandó como territorio indígena al “Yembi guasu” por una superficie de 3.110.277 hectáreas. La demanda de Yembi guasu fue objeto de una “redefinición” a partir de una negociación entre la dirigencia guaraní y el gobierno de entonces en una reunión que se realiza el 29 de octubre de 1996 -después de acabada la Marcha- ajustándose a una superficie final de 1.369.065 ha.[4] Este territorio, no obstante, nunca fue priorizado para sanearse por parte del INRA, aunque quedó en la conciencia colectiva guaraní como el “gran refugio” que debía resguardarse. Es por ello que en la discusión del Estatuto de la Autonomía se lo recoge como un área de “conservación e importancia ecológica”,[5] un eufemismo que busca la reapropiación en el marco del objetivo grande de la nación guaraní y de los pueblos indígenas en general de América, de reconstitución territorial.

El Ñembi Guasu es también hoy un gran refugio de las familias ayoreas en aislamiento voluntario que se resisten al contacto con la sociedad nacional. Se estima que más de 100 personas, en grupos de entre 10 y 12 personas transitan las zonas transfronterizas entre Paraguay y Bolivia, donde ya el Ñembi Guasu se vuelve algo más que un lugar ambientalmente interesante. Según los estudios que se han realizado recientemente en este, que es también territorio ancestral de los más de 50 clanes ayoreos que históricamente han ocupado estos espacios, algunos segmentos de la parcialidad Totosigobiode se mantendrían en aislamiento voluntario y tendrían como zona de tránsito entre el PN Kaa-Iya y el PN Otuquis, a este gran conector etnobiológico llamado Ñembi Guasu.[6]

El Ñembi Guasu no está exento de amenazas, como ocurre hoy con las áreas protegidas y territorios indígenas en Bolivia. Los últimos años del gobierno de Evo Morales han supuesto la instalación de una política de distribución de tierras caótica y sin ningún tipo de planificación. Lo que debía ser la democratización del acceso a la tierra para sectores populares con apoyo estatal, se transformó en lo contrario: desde 2015 asistimos a la entrega prebendal de la tierra, sin coordinación alguna con los gobiernos locales y en zonas ambientalmente frágiles. Esta política se activó a partir de la adopción de normas que flexibilizaron los candados y restricciones para el uso de la tierra, acordadas entre el empresariado agroindustrial y el Gobierno de entonces en sucesivas “cumbres”.[7] El giro en la política de desarrollo económico fue también evidente en el sector de las industrias extractivas, es decir hidrocarburos y minería, donde particularmente se derogaron las garantías para el ejercicio del derecho a la consulta previa (D.S. 2298/15), habilitándose la apertura de las áreas protegidas a la realización de estas actividades (D.S. 2366/15). A esto se le sumó una progresiva desinstitucionalización de los órganos de administración de los recursos naturales y de áreas protegidas, donde la corrupción y la violación de las normas agrarias en los procesos de distribución de tierras gratuito, la deforestación como un objetivo estratégico de desarrollo, se convirtió en la polea de transmisión de los acuerdos de las “cumbres”.

Se estima que entre 2015 y 2019 se han entregado, solo en la jurisdicción de la AIOC de Charagua Iyambae, 78 resoluciones de asentamiento para comunidades campesinas por una superficie de 145.635 ha. (INRA:2020). En el Ñembi Guasu se estima que se han reconocido derechos en más del 10% de su superficie, entre resoluciones para comunidades y propiedades tituladas, pequeñas, medianas y empresas.

Por ello no es extraño que la mirada estatal sobre las áreas naturales como el Ñembi Guasu hayan pasado de ser zonas estratégicas de gestión compartida por áreas vacías que deben ser activadas para esta nueva visión de “desarrollo”, que tiene a la deforestación y la implantación de ganadería de escala o monocultivos como sus arietes más destacados. Y también por ello tampoco asombra que las declaratorias de áreas protegidas de parte de municipios o AIOC, como en el caso de Charagua Iyambae, sea desconocida por el nivel central del Estado, que sigue distribuyendo tierras bajo una concepción estricta de la competencia exclusiva para el INRA establecida en la Constitución (Art. 298 I.17).

Si abrimos el foco de la mirada en el Chaco, el mapa de las amenazas sobre el Ñembi Guasu crece de manera preocupante. El avance implacable de la frontera agrícola y ganadera desde el Paraguay son una realidad innegable, se estima que casi 3 millones de hectáreas han sido deforestadas en el Gran Chaco paraguayo.[8] Del lado boliviano, las colonias menonitas y grandes propietarios que tienen en la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez y la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná el aliciente para profundizar la huella de sus actividades en los bosques de esta región.

Por todo esto es importante reivindicar las acciones que el gobierno de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, junto a las instituciones de la Plataforma Interinstitucional de Apoyo, han venido tomando. En principio la aprobación de la Ley de Pausa Ambiental,[9] inspirada en aquella ley de inicio de los 90’ de Paz Zamora, aunque aquí la crisis que generaron los incendios en el territorio de Charagua, particularmente el Ñembi Guasu, exigían un alto nivel de coordinación interinstitucional, multiplicar el apoyo en acciones concretas, establecer restricciones respecto al uso de los recursos naturales, así como realizar estudios sobre los impactos que generaron los incendios. El escenario de la Plataforma está sirviendo hoy también para atender la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 así como los nuevos incendios producidos el pasado año. Es decir, un cuerpo de acción técnica que fortalece el accionar del GAIOC en las diferentes áreas de su accionar público-institucional.

Es difícil entender cómo en Bolivia la extraordinaria cantidad de normas que tutelan el territorio indígena, el medio ambiente, la Madre Tierra, el agua como derecho humano, las áreas protegidas como patrimonio natural, todas recogidas en la Constitución Política del Estado y tratados internacionales, que son la envidia de los países más avanzados del mundo, no estén sirviendo para lo que fueron creadas, o por el contrario, que en su nombre se las transgreda. Existe la esperanza en que la nueva iniciativa llamada “Re-encuentro con la Madre Tierra”[10] lanzada por el vicepresidente David Choquehuanca, logre poner al menos una cuña el modelo extractivista/depredador que de facto impera en el país y reponga la vigencia de normas claves para la conservación y el manejo responsable del patrimonio natural que tenemos en Bolivia, sobre todo los territorios como el Ñembi Guasu, cuya doble condición de territorio ancestral y área de importancia ecológica, es central para el gran objetivo guaraní de la reconstitución territorial en clave ambiental, preservando las indispensables funciones que cumple para el Gran Chaco Americano y otros ecosistemas.

*Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo ORÉ. Abogado por la Università degli Studi di Macerata y Msc por la UAGRM en Derechos Indígenas y Desarrollo (tesis en conclusión sobre “migración juvenil indígena”). Fue responsable del Programa de Tierra, Territorio y Derechos Humanos del CEJIS (2000-2006) y Director Ejecutivo Nacional (2006-2012). Es colaborador jurídico del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). 

[1] Nativa (2018) Conectividad del Ñembi Guasu, mimeo. Pág. 2

[2] Movilización que logra la inclusión del proceso y el mandato de titulación de los territorios indígenas en el texto de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (conocida como Ley “INRA”).

[3] Valdés, M. & Rojas, J. (2003) A medio camino: Reforma Agraria en el Chaco en Artículo Primero, Revista de Debate Social y Jurídico. Reforma Agraria: 50 años TCO y tierras campesinas. CEJIS septiembre 2003. Págs. 349-364.

[4] Valdés & Rojas, …cit

[5] Artículo 71 Estatuto de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae (OEP:2017)

[6] ORÉ (2020) Impactos socioculturales de los incendios en áreas de tránsito de familias ayoreas en aislamiento voluntario.

[7] Fundación Tierra (2018) ANEXOS 18 Pilares fundamentales por una nueva Agenda Campesina-Indígena. Cochabamba abril 2019.

[8] https://es.mongabay.com/2019/12/gran-chaco-2019-brasil-argentina-paraguay-bolivia-bosques/

[9] Ley Nro. 036/2019

[10] http://www.pachamama.bo/?fbclid=IwAR3q6Kb3HRV_Ch-JCs7Z9wyemmo6pCkZcmxJbJMZyivZkClSwXrho_SLEJY