La biodiversidad de Bolivia todavía es poco conocida para la ciencia, sin embargo en base a los estudios existentes, está considerado entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, incluyendo especies de plantas y animales que son exclusivos de nuestro país; lo que es importante hoy en día, cuando ya desaparecieron la mitad de los bosques en solo los últimos 25 años, y que vivimos en lo que califican como el periodo de mayor extinción de especies en la historia del planeta, incluso se afirma que hasta el 2100 habrán desaparecido la mitad de las especies de plantas y animales que conocemos hoy en día.
Las áreas protegidas, son consideradas como el mecanismo más eficiente para la conservación de la biodiversidad y sus funciones ecosistémicas. Según la UICN: “Un Área Protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado legalmente o por otros medios eficaces, con el fin de lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y los servicios de los ecosistemas y valores culturales asociados”. Bolivia ha suscrito el Convenio sobre Diversidad Biológica, en el marco de las Naciones Unidas, sin embargo, desde hace unos 10 años existe un proceso de debilitamiento la gestión de las áreas protegidas de Bolivia, que puede describirse a través de varios hitos, primero con la ruptura de la institucionalidad del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), aplicando estrategias de debilitamiento, como la reducción presupuestaria a partir del rechazo de la cooperación internacional; o el hecho de posicionar como directores de las áreas protegidas a dirigentes y recomendados de “los movimientos sociales”,quienes están interesados en ocupar los ecosistemas protegidos, como es el caso de los productores de coca.Esta estrategia política, coadyuvó al incrementó de los usos ilegales y menguó la calidad de la gestión de las áreas protegidas, debido a que se anularon proyectos productivos, se debilitaron las operaciones del cuerpo de guardaparques y se aplica una gestión que no mira los planes de manejo.
Otro hito debilitador, es la apertura de las áreas protegidas a la actividad hidrocarburífera, destinando una superficie jamás dispuesta para las petroleras en toda la historia del país, mediante el Decreto Supremo Nº 2366 de abril de 2013, se legaliza cerca de 25 millones de hectáreas, el 22% de la superficie del país; (que en 1999 solo eran de 13 millones); superpuestas a 11 de las 22 áreas protegidas del SNAP. El mismo Decreto adjudica inmediatamente contratos con las transnacionales, entre ellas: Total E&P Bolivie, el 90% del PNAMNI Iñao, a la Eastern Petroleoum and Gas, el PN AMNI AGUARAGUE, Astillero, San Telmo a Petrobras Bolivia S.A. & BG, en la RNFF TARIQUIA. Otros dos decretos adicionales terminan de allanar el camino a las petroleras, el D.S. Nº 2298 del 2015, sobre Proceso de Consulta para Pueblos Indígenas para Actividades Petroleras y, el D.S. Nº 2195 de 2014 sobre Compensación por Impactos Ambientales en Territorios Indígenas.
Otro hito debilitador es la Nueva Ley de Minería y Metalurgia del 2014, mediante la cual se abren también las áreas protegidas a la explotación minera, otorgando derechos preferenciales a empresas privadas, trasnacionales, nacionales y de cooperativistas del partido de Gobierno, por lo que el ministro de minería ya habla de re-zonificar las áreas protegidas para incluir sectores de explotación minera, y también proyectan la incorporación a estos actores en los comités de gestión.
De acuerdo con todo esto, el nuevo paradigma de “Vivir Bien”, en armonía y equilibrio con la naturaleza y la defensa de la madre tierra y sus derechos, posicionada por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia; en los hechos se muestra solo como un discurso frente a la verdadera situación de ultraje, comercialización y explotación salvaje de los ecosistemas de nuestro país y más aún aquellos que están dentro de las áreas protegidas.