La reciente ola de despidos en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) es un síntoma de una crisis más profunda dentro de las instituciones encargadas de la conservación ambiental en Bolivia. No es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que funcionarios con trayectoria y compromiso son removidos en circunstancias poco claras. ¿Qué implica esto para el futuro de nuestras áreas protegidas? ¿Qué desafíos enfrenta el tercer sector ante esta realidad?
Las decisiones políticas parecen estar marcando el destino de entidades cuya razón de ser debería ser la protección del patrimonio natural. En este contexto, surge una pregunta ineludible: ¿hasta qué punto las instituciones del tercer sector, incluidas las organizaciones ambientales y ONGs, están respondiendo con la contundencia necesaria? ¿Es suficiente el trabajo que se está realizando o es momento de cuestionar las estrategias y posiciones adoptadas ante esta crisis?
La prudencia institucional frente a conflictos de esta naturaleza es comprensible, pero cuando las amenazas contra la conservación se vuelven sistemáticas, ¿puede seguir siendo la respuesta adecuada? El desafío no es menor: enfrentar un contexto hostil sin comprometer la permanencia y efectividad de las organizaciones. Sin embargo, si la denuncia y la defensa de los principios fundamentales quedan relegadas, ¿qué queda entonces de la misión de preservar los ecosistemas y fortalecer la gestión de las áreas protegidas?
Las instituciones gubernamentales encargadas de la conservación parecen cada vez más vulnerables a presiones externas. En este escenario, el tercer sector enfrenta una encrucijada: ¿es posible reforzar su rol como un contrapeso efectivo, o su margen de acción está condicionado por factores que van más allá de la voluntad y la estrategia?
A los ojos de algunos observadores externos, como plataformas o grupos de activismo, las fundaciones, ONGs y otras instituciones que reciben aportes de la cooperación institucional, solo reciben grandes fondos de donación; parte de estos recursos los destinan para pagar funcionarios en distintos niveles del gobierno, justamente en las entidades que luego deciden permitir cada vez más una mayor vulneración de nuestra Madre Tierra; y el resto para hacer muy poco o nada en el territorio.
No hay respuestas simples. Pero si el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental sigue avanzando y la respuesta del tercer sector no se fortalece, la conservación en Bolivia quedará en manos de intereses ajenos a su propósito original. Frente a esta realidad, la pregunta central sigue abierta: ¿estamos haciendo lo suficiente?
