ÑEMBI GUASU continúa amenazado: Gobernación cruceña avanza con proyecto de carretera binacional

Un proyecto de carretera en el Gran Paisaje Chaco Pantanal, pensado para unir Santa Cruz con la frontera con Paraguay, ha desatado controversia política, judicial y ambiental en una de las zonas más frágiles y biodiversas del país. La obra, impulsada por la Gobernación de Santa Cruz, busca pasar por el Ñembi Guasu, un área protegida de Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena del país. Como se trata de un territorio con protección legal especial, el proyecto ha abierto una disputa sobre su legalidad, el respeto a la autonomía indígena y la conservación del área.

Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu

Estas son algunas claves para entender un conflicto que enfrenta a distintas instituciones y que vuelve a poner en situación de vulnerabilidad tanto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los ayoreos, como a uno de los ecosistemas más amenazados del país, además golpeado por los incendios.

El primer punto de controversia radica en el marco legal que protege la zona. Organizaciones indígenas y ambientalistas recuerdan que el Decreto Supremo N° 1286 declara como «zona intangible» el territorio que comprende el Parque Kaa Iya, el Parque Otuquis y el ACIEÑG. Esta figura legal tiene como objetivo principal garantizar la protección y el aislamiento voluntario de los pueblos ayoreos que habitan en la región.

A esto se suma una resolución clave: el Juzgado Agroambiental, en una decisión ratificada por el Tribunal Agroambiental de Bolivia, ha declarado una «pausa ecológica» en el ACIEÑG. Dicho fallo ordena la prohibición de desarrollar cualquier actividad que pueda generar impactos ambientales significativos en el área protegida, un mandato que la gobernación de Santa Cruz no está tomando en cuenta, pese a su obligatoriedad de cumplimiento.

El proyecto no solo vulneraría leyes ambientales, sino también derechos constitucionales. La Gobernación de Santa Cruz estaría pasando por alto la autonomía del Gobierno Autónomo Originario Campesino Charagua Iyambae.

Organizaciones sociales denuncian que la decisión de construir la carretera desconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas, un derecho reconocido tanto en Convenios internacionales como en la Constitución Política del Estado y en el Estatuto Autonómico de Charagua. La ausencia de un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas del territorio vulneraría sus derechos sobre las decisiones que afectan su tierra y su forma de vida.

El Plan de Manejo del ACIEÑG, el principal instrumento de planificación del área protegida, aprobado por Ley Autonómica (lo que implica su cumplimiento obligatorio), establece una zonificación precisa para garantizar su conservación. Según este documento, la zona núcleo es el área de mayor riqueza en biodiversidad y, por lo tanto, de protección estricta.

Campamento de Guardianes del Monte «Kaa Iyangarekoa reta» Ñembi Misi

Paradójicamente, es precisamente por esta zona núcleo por donde se pretende trazar la nueva carretera binacional. Para los defensores del área protegida, el trazado no solo es incompatible con la categoría de protección, sino que constituye una violación directa al instrumento técnico legal que rige el presente y futuro del territorio.

El ACIE Ñembi Guasu es un área que sigue bajo una fuerte presión y que aún no logra recuperarse plenamente. Desde los devastadores incendios forestales de 2019, el territorio atraviesa un proceso lento y difícil de restauración. En ese contexto, advierten los especialistas, la incorporación de un proyecto de infraestructura de gran envergadura agravaría una situación ya crítica.

Además, la zona ya sufre la presión de asentamientos humanos ilegales. La construcción de la carretera no solo consolidaría la permanencia de estos asentamientos, sino que atraería a nuevos ocupantes, fragmentando aún más el ecosistema y aumentando la vulnerabilidad social y ambiental del ACIEÑG.

La principal duda sobre el proyecto es el destino de sus beneficios. Se ha identificado un claro interés por parte de empresarios bolivianos y paraguayos en la construcción de esta vía para facilitar la salida de sus productos hacia el Pacífico a través de Bolivia.

Sin embargo, líderes cívicos y ambientales bolivianos cuestionan el hecho que no se tengan claros los beneficios reales para el país. La percepción es que Bolivia asumiría los altos costos ambientales y sociales de la obra, mientras que el beneficio económico principal sería para el sector privado extranjero.

Frente a la gravedad de las implicaciones, organizaciones de la sociedad civil exigen la paralización inmediata del proyecto. Advierten que no se han realizado los estudios mínimos necesarios, como una evaluación de los costos y beneficios reales, impactos ambientales y sociales, que permita dimensionar las consecuencias de la carretera. Por otro lado, se exige ver otras alternativas viables y de bajo impacto ambiental y social que no pasen por el área protegida.

«Necesitamos estudios de impacto integrales, no solo ambientales, sino también sociales», señalan los críticos, «y por supuesto, un proceso de consulta previa que hasta ahora no se ha realizado. Se desconoce por completo si existe algún estudio preliminar que respalde el acuerdo suscrito entre los gobernadores, lo que genera aún más incertidumbre sobre la viabilidad y legalidad del proyecto.”

Mientras la Gobernación de Santa Cruz parece decidida a impulsar la obra, el proyecto enfrenta serios obstáculos legales y ambientales. El futuro del ACIE Ñembi Guasu y de los pueblos que habitan este territorio dependerá de que el Estado boliviano actúe con coherencia, respete el estado de derecho y haga cumplir las normas vigentes que protegen el patrimonio natural, social y cultural del país.

Escrito por: Verónica Sanjinés

Fotografías: ©Nativa